Cuatro antenas para teléfonos satelitales fueron introducidas de contrabando en Cuba disfrazadas de tablas de surf. Otras muchas fueron hechas en la isla con láminas de metal o cemento.Cuba alega que los teléfonos satelitales son parte de una "guerra cibernética'' secreta de Estados Unidos para ...darle a disidentes y a otros acceso a servicios de internet y telefonía que los servicios de inteligencia no puedan vigilar o bloquear.
Sin embargo, la mayoría de los teléfonos de satélite ilegales fueron colados en Cuba no por agentes del gobierno de Estados Unidos, sino por exiliados que quieren que sus familiares y amigos tengan acceso a esos servicios, dijeron varias fuentes conocedoras a El Nuevo Herald.
Un hombre de Miami los ofrece discretamente pagando $3,500 por delante y $50 al mes. Otros sistemas ofrecidos por compañías de Estados Unidos, Canadá, Europa y Centroamérica tienen precios tan bajos como $410 por el equipo y $39.99 al mes.
El número exacto de teléfonos de satélite en Cuba se desconoce debido a su estatus ilegal, pero un experto de la industria que conoce Cuba estimó que debían ser ‘‘docenas''. Un segundo experto de la industria los calculó entre 50 y 70.
El gobierno de Raúl Castro ha estado dando su versión de la guerra cibernética en una reciente serie de programas televisivos, titulados Las razones de Cuba, que explican su férrea oposición a los esfuerzos de Estados Unidos por aumentar el acceso de los cubanos a la internet.
"Se intentan presentar como la manera de facilitar el libre flujo de información hacia y desde Cuba'', dijo en un programa una oficial de la Seguridad del Estado identificada solamente como capitana Mariana. Pero su verdadero objetivo es "encubrir la actividad de espionaje y subversión y tergiversar la información a través de la manipulación mediática''.
Alan Gross, subcontratista de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), fue arrestado en La Habana en el 2009 luego de que supuestamente entregara un equipo de comunicación vía satélite a judíos cubanos. Gross fue acusado de atentar contra la seguridad nacional y condenado el sábado a 15 años de cárcel.
El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, alegó la semana pasada que el esfuerzo de Washington por expandir el acceso de los cubanos a la internet forma parte de un plan para "levantar'' al pueblo de Cuba en una sublevación como las que derrocaron los gobiernos de Egipto y Túnez.
Los defensores de los programas de Estados Unidos argumentan que existe un derecho moral a violar las leyes de Cuba para poder darle acceso no censurado a la internet a un pueblo que vive bajo un sistema dictatorial.
"Porque al final, de eso se trata: de cuánta legitimidad estamos dispuestos a conceder a la legislación de una sociedad autoritaria y represiva'', dijo una entrada de esta semana en el blog sobre Cuba Penúltimos Días, basado en España.
En el programa más reciente de Las razones de Cuba participó Dalexi González, un ingeniero de telecomunicaciones quien contó que un ex vecino suyo que vive en España le ofreció en el 2007 presentarle a un "amigo'' que lo ayudaría a establecer una conexión ilegal de internet.
González, quien colaboró con la inteligencia cubana, alegó que recibió cuatro antenas cubiertas de poliespuma, que las hacían parecer tablas de surf, de manos de un estadounidense rubio durante un concurso de surfistas en las playas del este de La Habana en el 2008.
Recibió además software de seguridad de comunicaciones del tal "amigo'', agregó González. Pero no aclaró si había recibido alguna vez el resto de los componentes para los equipos.
La televisión cubana identificó al "amigo'' como Robert Guerra, jefe de los programas de internet en Freedom House, un grupo prodemocracia radicado en Washington, D.C. Su página de internet dice que Guerra trabaja para "expandir el uso de tecnologías contra la censura'' y crear redes de apoyo para los ciudadanos que luchan contra la represión en la internet.
"Nosotros tratamos de ayudar a los ciudadanos cubanos a conectarse con sus homólogos en otros países, y en la mayor parte del mundo esto es algo completamente aceptable'', dijo a El Nuevo Herald el subdirector de programas de Freedom House, Daniel Calingaert.
Freedom House nunca ha enviado teléfonos de satélite a Cuba, según personas que conocen su trabajo, pero sí envió a Guerra a la isla a ayudar a ampliar y mejorar el acceso de los cubanos a la internet.
El gobierno de Cuba mantiene un control casi absoluto sobre el acceso a la internet, y la isla tiene el índice de penetración de internet más bajo de América Latina. Las autoridades bloquean el acceso a muchas páginas de internet consideradas enemigas y los smartphones registrados en el país no pueden bajar páginas de la red.
El acceso se limita en su mayor parte a los funcionarios e instituciones estatales, y los demás tienen que pagar precios exorbitantes: $6 por hora en los hoteles y de $40 a $50 al mes en el mercado negro para usar la contraseña de un funcionario durante la noche. El sueldo mensual promedio de Cuba anda por los $20 al mes.
La misión diplomática de Estados Unidos en La Habana tiene 23 computadoras que ofrecen acceso a la internet gratis y libre de censura a los visitantes cubanos mediante cita, y la embajada de Holanda tiene otras tres.
Pero los teléfonos de satélite permiten a sus usuarios acceder a la internet o hacer llamadas desde sus propias casas. Los aparatos conectan a los usuarios directamente a satélites --eludiendo el sistema telefónico de Cuba-- y de ahí a estaciones terrestres en el extranjero que enlazan con redes de internet o telefónicas.
La administración de George W. Bush aprobó los primeros envíos de teléfonos de satélite a Cuba alrededor del 2006, pero los limitó a un puñado debido a las probables protestas de La Habana, dijeron dos ex funcionarios de dicha administración. El Decreto 269 de Cuba, emitido en el 2000, requiere que los transmisores y receptores de satélite se registren con el gobierno.
Los teléfonos satelitales enviados por exiliados cubanos sobrepasan claramente con mucho los pagados por el gobierno de Estados Unidos, dijeron a El Nuevo Herald expertos de la industria, que pidieron no ser identificados debido a la naturaleza ilegal de la mayoría de los equipos.
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